La empresa Besalco, que estuvo a cargo de las obras de remodelación del estadio Sausalito en Viña del Mar -además de otros trabajos en la ciudad- demandó por cerca de $6 mil millones al municipio, al Gobierno Regional y al Instituto Nacional del Deporte (IND) por supuestos perjuicios económicos ocasionados por las obras extra que debió hacer, tomando en cuenta que el proyecto sólo consistía en la reposición parcial del coliseo.
La firma ingresó una demanda indemnizatoria en diciembre del año pasado en el Tercer Juzgado Civil de Viña contra los representantes de los tres organismos: la alcaldesa Virginia Reginato, el intendente Gabriel Aldoney y el director nacional del IND Sergio Arévalo. Sin embargo, no se notificó a las partes involucradas hasta hace menos de un mes, luego que el tribunal desarchivara la carpeta que se mantuvo inactiva durante todo el primer semestre de este año.
Según detalla el texto, el proyecto consistía en “sólo la demolición y reconstrucción parcial del Estadio Sausalito de Viña del Mar, y la reparación y remodelación de la porción denominada Codo Laguna; todo ello de acuerdo al proyecto, planos técnicos de arquitectura, de estructuras, de especialidades y especificaciones técnicas elaborados por el Instituto Nacional del Deporte”.
Sin embargo, de acuerdo a la empresa, “durante la ejecución de la Obra, tanto Besalco como la Municipalidad detectaron innumerables deficiencias del proyecto -errores, omisiones y descoordinaciones-, vicios ocultos e indefiniciones en diversas materias, tanto en las especificaciones técnicas como en los planos, los cuales no contemplaban situaciones estructurales críticas que significaron notorias modificaciones de obras y plazos, así como múltiples paralizaciones de la obra”.
“Además, en el curso de su ejecución se produjeron notables atrasos en la entrega de los nuevos planos que hubo que confeccionar por las deficiencias anteriormente indicadas”, agrega el texto.
Errores cometidos
Las paralizaciones de la obra indicadas se debieron, según Besalco, a “graves errores en los datos topográficos en los planos del proyecto, lo que hacía imposible su ejecución hasta su corrección”; así como “graves errores y omisiones en el proyecto y descoordinaciones entre los proyectos de especialidades”.
A ello se suman “atrasos en las repuestas de la Municipalidad a los requerimientos de información formulados por Besalco, como en la entrega de los nuevos planos antes referidos”; “aparición de roca y vertiente no descritas en el estudio de mecánica de suelos en el sector Codo Cerro”; y “aparición de napa subterránea en los sectores Cerro y Andes tampoco descrita en el estudio de mecánica de suelos”.
También dice que se descubrieron “graves deficiencias respecto del sector Codo Laguna, como errores en la altura de sus gradas respecto de las gradas de los demás sectores del estadio, imposibilidad de la reparación de ese sector y el surgimiento de la necesidad de su íntegra demolición y reconstrucción, lo que obligó a realizar un nuevo proyecto y, errores en el estudio de mecánica de suelo y en el diseño de ese nuevo proyecto”.
Hubo, a su vez, “graves errores estructurales en denominadas zonas de transición, esto es, áreas que conectan zonas curvas y rectas del Estadio”; y “notables atrasos en la definición de las soluciones técnicas a las causas precedentemente indicadas y en su implementación administrativa, a pesar que varias de esas soluciones fueron propuestas por Besalco”.
La Municipalidad – afirma el escrito – aprobó 200 aumentos de partidas de obra y 100 disminuciones de las mismas. También aumentó el plazo de la obra tres veces.
Modificación
La demanda detalla que “producto de un nuevo y grave error del proyecto, la estructura de las gradas superiores del Codo Laguna y de la zona de transición entre el sector Marquesina y Codo Cerro tuvieron que ser reforzadas mediante estructuras metálicas complementarias, hubo que eliminar la última fila de gradas para disminuir el peso, y hubo que cambiar la defensa de coronación del Codo Laguna, proyectada inicialmente como muro de hormigón, por una baranda metálica”.
“De haberse ejecutado esta parte de la Obra de acuerdo con el proyecto, se habría puesto en serio peligro la integridad física de los usuarios del estadio, por lo que fue indispensable modificarlo. Estas modificaciones y refuerzos fueron ordenadas por el Inspector del Contrato de Obra, en adelante ICO, el 14 de mayo de 2015 mediante anotación en el Libro de Obra N°40 folio N°8, pocos días antes de la inauguración del estadio. Besalco las ejecutó oportunamente”, agrega el texto.
Según la empresa, como resultado de todo lo anterior, el trabajo que “inicialmente consistía en una reposición parcial del estadio, terminó siendo una completa demolición y nueva construcción del mismo, y el plazo inicial de ejecución de la Obra de 347 días terminó siendo de 821 días, por causas no imputables a Besalco, todo ello sin que ésta haya sido debidamente indemnizada”.
Por causas que la empresa atribuye responsabilidad a la Municipalidad el plazo máximo para proceder a la Recepción Provisoria de la Obra se sobrepasó en 29 días, lo que habría generado perjuicios para Besalco por haber debido mantener personal directo e indirecto por mayor tiempo en la obra, y, por haber debido mantener la instalación de faenas y equipos por los días de retraso.
Por otra parte, la acción judicial sostiene que “tanto el Gobierno Regional como el IND son parte del Contrato por aplicación de lo dispuesto en las BAG, las cuales forman parte del mismo. En efecto, ambas instituciones, debían autorizar no sólo la adjudicación, sino también cualquier modificación posterior al Contrato. La obra fue financiada con fondos del IND y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que administra el Gobierno Regional.
“Adicionalmente, el Gobierno Regional pagó en forma directa las facturas emitidas a su nombre por Besalco por ejecución de la Obra, y fue el beneficiario de las boletas de garantía señaladas en el punto 13 de las BAG. Por último, los representantes del IND forman parte de la Comisión de Recepción Provisoria y el Gobierno Regional se encuentra habilitado para asistir a dicho proceso”, asegura el texto.
Al respecto, la firma fue consultada pero no quiso emitir opiniones y lo mismo ocurrió con el intendente regional Gabriel Aldoney. En tanto, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, quien fue notificada de esta demanda el 20 de junio, afirmó que “efectivamente, recientemente Besalco ha demandado al IND, Gobierno Regional y al municipio, organismos que entienden que lo demandado es infundado y, por tanto, se está preparando la adecuada defensa de los intereses públicos”. De hecho, el municipio ya aprobó la contratación de un abogado externo para esta causa (ver recuadro) y presentó una excepción dilatoria que fue rechazada por el tribunal.
CDE llevará defensa
Por su parte, el director regional del IND, Jorge Díaz, sostuvo que la defensa de los recursos públicos del instituto que representa la tomó el Consejo de Defensa del Estado (CDE). De hecho, el 13 de julio se ingresó la delegación de representación.
“Están pidiendo una enormidad de plata. Todo lo que ha presentado es totalmente desproporcionado, está cobrando obras por casi la mitad de lo que costó la construcción del estadio… pero nosotros hicimos los estudios correspondientes y le pasamos el caso al CDE. Estamos claros en esta demanda lo que nos corresponde a nosotros. La demanda es contra la Municipalidad de Viña del Mar y nosotros somos subsidiarios. Quien ejecutó la obra fue el municipio, nosotros entregamos los recursos” afirmó, acotando que “nosotros sólo hicimos transferencia de fondos a la Municipalidad de Viña del Mar, así como también lo hizo el Gobierno Regional”.
El Gobierno Regional también contestó la demanda y afirmó que “no es parte en un contrato suscrito por la I. Municipalidad de Viña del Mar con Besalco. Falta consecuentemente un presupuesto esencial de la responsabilidad, la existencia del vínculo contractual”, se lee de su contestación, entre otras justificaciones.
Concejo aprobó contratar nuevo abogado
El Concejo Municipal aprobó la asignación de UF $1.500 ($39 millones) para la contratación de un abogado externo para que se haga cargo de la defensa del municipio. Se trata de Álvaro Quintanilla, quien ya asumió la defensa de la casa consistorial por el caso con Besalco por los estacionamientos subterráneos de plaza Sucre. “Debemos procurar la defensa en juicio de los intereses comunales que se pueden ver afectados como consecuencia de un juicio adverso, pero no podemos continuar con esta seguidilla de demandas y desembolso de recursos en contratación de abogados externos para enfrentar a Besalco”, criticó el concejal Rodrigo Kopaitic.
El Mercurio de Valparaíso